Pisagua

 

Campo de Prisioneros Pisagua

Las Primeras Ejecuciones

El Segundo Consejo de Guerra

El Hallazgo de la Fosa

Historia Procesal
(Entrevista con Abogado Adil Brkovic)

 

   

Campo de Prisioneros Pisagua

El prontuario de la Cárcel de Pisagua como lugar de detención de prisioneros de guerra - en contra los enemigos externos como también los supuestos enemigos internos de Chile - remonta a fines del siglo 19 cuando peruanos tomados durante la Guerra del Pacífico fueron retenidos en sus confines. En 1956 el Presidente Carlos Ibañez del Campo lo estrenó como sitio de penurias para chilenos declarados enemigos del estado, propósito que volvería a cumplir unos 17 años más tarde.

E1 18 de septiembre de 1973 desembarcaron del mercante Maipo una cincuentena de presos detenidos en los días después del golpe en Valparaíso. Los pocos residentes del viejo puerto de Pisagua y los reos comunes ya habían sido trasladados a Iquique.

El recinto de tres pisos llegó a superar su capacidad con aproximadamente 500 prisioneros traslados desde el Regimiento de Telecomunicaciones de Iquique, desde diferentes Comisarías de la Región de Tarapacá, además a los de Valparaíso. Mujeres fueron retenidas en el viejo teatro. Hasta 30 personas fueron encerradas en celdas de cuatro por diez metros. A diferencia de los prisioneros peruanos del siglo 19, estos eran civiles, presos políticos, quienes fueron tratados como prisioneros de guerra.

El recinto fue comandado por el Teniente Coronel Ramón Larraín y el Capitán Benavides. A partir del golpe, el General Carlos Forestier Haensen fue Jefe de la Zona en Estado de Sitio de la Provincia de Tarapacá y Comandante en Jefe de la Sexta División de Ejército, con autoridad máxima sobre los sucesos en el Campo de Prisioneros de Pisagua.

Numerosos sobrevivientes afirman la brutalidad vivida por los prisioneros, quienes fueron sometidos a torturas. La crueldad ejercido por el Comandante Larraín, afirma un ex preso, fue motivado por "odio irracional hacia todos los que estábamos allí."

En Pisagua se constituyeron tres Consejos de Guerra, además del que el Informe de Verdad y Reconciliación denomina el "ilegal y supuesto Consejo conocido solamente por los Bandos del 11 y 12 de octubre de 1973." En total estos Consejos de Guerra procesaron a 147 personas.

El Código de Justicia Militar establece un procedimiento y estructura para los Tribunales Militares en Tiempo de Guerra. Sin embargo, los Consejos de Guerra que se convocaron en Pisagua, dirigidos por Larraín y con Mario Acuña Riquelme como Fiscal Militar, comparten con los demás Consejos de Guerra de la época un funcionamiento fuera de toda legalidad, sin respetar los derechos mínimos de los acusados a debido proceso.

Entre el 29 de septiembre de 1973 y junio de 1974, fueron ejecutadas 26 personas, detenidos en el Campo de Prisioneros de Pisagua. A continuación detallamos las circunstancias de dos de las ejecuciones llevadas a cabo en Pisagua.

(Ver Listado de los Ejecutados y Detenidos Desaparecidos del Proceso Pisagua)

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Las Primeras Ejecuciones

Extracto de la querella criminal interpuesta por los padres de Michel Selin Nash

"Según testimonios de personas que se encontraban presas, el día 29 de septiembre de 1973, temprano en la mañana poco antes de las 9:00, el comandante del "campo de prisioneros de guerra" teniente coronel Ramón Larraín, ordenó a los cerca de 600 prisioneros salir de sus celdas y formar afuera de ellas.

"Junto a él estaban el capitán Sergio Benavides y los tenientes Contador, Figueroa y Ampuero, según relatos coincidentes de ex prisioneros de Pisagua. Pasaron lista y Larraín pidió seis voluntarios para realizar tareas de pintura. Después dijo que necesitaban otros seis voluntarios para instalar unos pilotes. Esta vez los seis no fueron voluntarios, sino elegidos por cada oficial, a pesar de que en los casos de Cañas y Guzmán estos manifestaron su deseo de no salir y otros se ofrecieron para sustituirlos."

"Contador eligió a Cañas que estaba recién operado pocos días antes de ser detenido y caminaba con dificultad. Ampuero eligió a Guzmán a quien lo fue a buscar al interior de la celda porque no había salido a formar. Benavides sacó al conscripto Michel Nash. El propio Larraín sacó a Lizardi. Figueroa eligió a los dos ex infantes de Marina Juan Calderón y Juan Jiménez. Llegaron estos dos últimos, funcionarios del Departamento de Investigaciones Aduaneras, el 18 de septiembre desde Valparaíso en el mercante "Maipo" como prisioneros de la Armada, junto a otros 300 presos políticos de esa institución."

Según testimonio recogido en la investigación llevada a efecto por el Ministro en Visita Sr. Sánchez Marré, con ocasión del descubrimiento el 2 de junio de 1990 de una fosa en la localidad de Pisagua, se logró establecer que los prisioneros nunca intentaron huir, sino que fueron obligados a correr mientras un grupo de militares les disparaban por la espalda, incluso con un ametralladora punto 30 emplazada en un Jeep.

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El Segundo Consejo de Guerra

El diario El Tarapacá del 31 de octubre 1973 informó sobre el fusilamiento a cuatro importantes dirigentes del Partido Socialista de la provincia. La causa de la ejecución, según el reportaje de

ese diario, sería la supuesta participación de los condenados en un plan destinado a provocar la guerra civil en Chile y la rebelión de las Fuerzas Armadas. La nota de prensa señala, además, que "los ejecutados fueron juzgados conforme a las normas prescritas en el Código de Justicia Militar."

Recién 17 años después de los hechos se empezó a desentrañar la verdadera accionar de ese Consejo de Guerra, por cual actuó como Fiscal Militar Mario Acuña Riquelme, que luego de levantar cargos falsos en contra de los cuatro socialistas y denegarles la posibilidad de defensa real, procedió a ordenar su ejecución. En julio 1990, hallazgo de una fosa común en el cementerio de Pisagua, el capitán en retiro Juan Sinn Bruno, quien sirvió de Auditor para ese Consejo de Guerra, reveló que la noche del 29 de octubre de 1973 mandos superiores obligaron bajo amenaza a los miembros de ese Consejo de Guerra a cambiar la sentencia ya fallada de sólo 10 años de prisión por la pena de muerte. El único medio de prueba que se cita en la sentencia es la supuesta confesión de los procesados, en circunstancias que estas confesiones se consiguieron como resultado de la tortura sistemática de los prisioneros.

En su declaración que forma parte del expediente presentado en septiembre de 1999 ante la Corte de Apelaciones, el abogado Carlos Sottile Messineo cuenta:

 

"... se hizo difícil tener acceso a mis defendidos [cuatro de los seis detenidos]... y tuve acceso al expediente el día 26 de octubre de 1973 en horas de la tarde, en circunstancias que el Consejo de Guerra había sido convocado para el día siguiente, lo que provocaba un entorpecimiento manifiesto para estudiar en detalle todo lo actuado, situación que nos obligó juntos a los otros dos abogados actuantes... a trabajar conjuntamente durante toda la noche del día 26 y madrugada del día 27 de ese mes de octubre."

Tanto el Auditor Juan Sinn Bruno como el abogado defensor Carlos Sottile Messineo intentaron persuadir al Consejo que evitara la imposición de penas capitales. El arribo a Pisagua, un día antes del Consejo de Guerra, de un capellán de Ejército y un médico militar, le hizo a Sottile presumir que se aplicarían penas de muerte. Sottile recuerda:

"Esa circunstancia me motivó a pedirle al Comandante Larraín... que era preferible imponer cincuenta o cien años de presidio a muchos y no una pena de muerte ya que a los muertos no se les resucita y más tarde o más temprano sobrevendría sobre este país un juicio histórico respecto de estos procesos de Pisagua.’ El Comandante me contestó que yo estaba en el bando contrario y que él se encontraba muy tranquilo pues estaba asesorado por el fiscal y el auditor y que en caso alguno firmaría nada contrario al Código de Justicia Militar."

No obstante los esfuerzos del Auditor y del abogado defensor, los cuatro dirigentes fueron fusilados a las 6:00 de la mañana del día siguiente. Sus cuerpos no aparecieron en la fosa descubierta en 1990 y siguen aún desaparecidos.

Los ejecutados fueron:

Rodolfo Jacinto Fuenzalida Fernandez, 43, secretario regional del Partido Socialista. Detenido el 11 de septiembre 1973 en su domicilio.

Juan Antonio Ruz Diaz, 32, militante del Partido Socialista, funcionario de aduanas de Iquique. Se presentó voluntariamente al Regimiento de Telecomunicaciones.

José Demostenes Rosier Sampson Ocaranza, 33, relacionador público de la Municipalidad de Iquique, se presentó voluntariamente a Carabineros de Iquique el 21 de septiembre 1973.

Freddy Marcelo Taberna Gallegos, 30, Director de la Oficina Regional de Planificación, en Iquique y militante socialista, se presento voluntariamente el 16 de septiembre 1973 al Regimiento de Telecomunicaciones.

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El Hallazgo de la Fosa

El 31 de mayo de 1990 la Vicaría de la Solidaridad presentó ante el Juzgado de Pozo Almonte una denuncia por inhumación ilegal, que derivó a una investigación judicial. Información proporcionada por testigos de las ejecuciones realizadas en Pisagua dio las pistas como también varias personas de la localidad que conocían de la existencia de una fosa clandestina. (Ver Declaración del Doctor Alberto Neumann)

Al día siguiente, el magistrado Nelson Muñoz se constituyó en el lugar acompañado por un antropólogo, un arqueólogo, un ingeniero químico, funcionarios del tribunal, excavadores y testigos. Durante ese primer día de trabajo sólo se hallaron restos humanos de un periodo antiguo, evidencia de un sitio de entierro de pueblos precolombinos. La búsqueda dio resultados el 2 de junio de 1990 cuando, al excavar en otro lugar en el sector nor-poniente del Cementerio de Pisagua, hallaron la fosa. Allí mismo, en una planicie frente al mar, fueron fusilados y luego arrojados a la fosa común, cubriéndolos con cal y luego con tierra.

Eventualmente, fueron encontrados 20 bultos en la fosa que medía 2.10 mts de ancho, 11 mts de largo y 2.00 mts de profundidad. La sal que impregna la arena conservó intactos los cuerpos, con la ropa que llevaron puesto y con los amarres y vendas con que fueron llevados al paredón. Las claras muestras del impacto de balas acusaron a los mandos militares de la época. (Ver Plano de la Fosa)

Los cuerpos correspondían a personas que habían sido ejecutadas, entre otras, de prisioneros que supuestamente habían sido dejados en libertad. Sin embargo, de las personas ejecutadas en 1973 hubo cuerpos que no aparecieron mientras otros cuerpos que se encontraron en la fosa no habían sido reconocidos por la autoridad.

De las personas que habían sido ejecutadas y reconocidas por la autoridad y no estaban en la fosa, faltaban siete, que corresponden a los dirigentes del Partido Socialista de Iquique ejecutados por orden del Consejo de Guerra del 29 de octubre de 1973. Tampoco estaban en esa fosa tres cuerpos de personas ejecutadas por falsa fuga. Ese hecho dio origen a una búsqueda a todo el perímetro del Cementerio de Pisagua.

La causa como consecuencia de la ubicación de la fosa derivó a una investigación judicial que fue llevada adelante por el ministro de visita Sánchez Marré de la Corte de Apelaciones de Arica, proceso llevado por el abogado Nelson Caucoto y otro abogado de la Vicaría. Sánchez Marré identificó todos los cuerpos que estaban en la fosa y citó a declarar testigos y familiares.

Pero esa investigación se vio interrumpida por una petición de incompetencia que hizo la Justicia Militar y la causa pasó al Séptimo Juzgado Militar de Arica, aplicando la ley de amnistía en 1992. Luego los abogados de la Vicaría apelaron a la Corte Suprema la decisión dictada por la corte marcial. Posteriormente la Corte Suprema ratificó la amnistía.

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Historia Procesal del Caso Pisagua

(A base de una entrevista con el Abogado Adil Brkovic)

Han existido varias investigaciones respecto a lo que ocurrió en Pisagua. Las primeras querellas se presentaron por familiares de personas que según la autoridad militar habían sido dejadas en libertad y que nunca más aparecieron.

Las primeras acciones fueron de este grupo de familiares fundamentalmente porque en todas las demás ejecuciones había un reconocimiento de parte de la autoridad. La autoridad militar en ese tiempo, el Gen. Forrestier, cada vez que se ejecutaba personas comunicaba a la opinión pública que se había hecho esas ejecuciones. Las remetía de diferentes formas. Decía, 'estas personas fueron ejecutadas porque intentaron fugarse,' estas otras porque las condenó un Consejo de Guerra, acá por esta razón. La gente estaba informada y había una certeza con respecto a que habían sido muertas, pero no así con respecto a seis casos que ocurrieron el 6 de enero de 1974. En estos casos no se podía justificar públicamente esas ejecuciones por razones políticas porque todo el mundo sabía que esas personas no tenían ninguna inclinación política sino que más bien estaban vinculadas al tráfico de mercaderías.

Durante el proceso que investigó Sánchez Marré en 1990, nunca se le tomó alguna declaración a ningún oficial de Ejército que había estado involucrado en Pisagua. Sin embargo fue una importante fuente de información para la querella criminal que se presentó ante la Corte de Apelaciones de Santiago porque se logró oficializar lo que ya se sabía informalmente.

En 1998 los abogados Adil Brkovic y Alfonso Insunza iniciaron el proceso por una querella que presentaron por los casos Michel Nash y Freddy Taberna en contra de Augusto Pinochet. Los casos están dedicados a los dos objetivos de, primero, ubicar los cuerpos que faltan y, segundo, esclarecer la participación criminal

El abogado Adil Brkovic señala:

Si se compara la investigación de Sánchez Marré con la investigación que lleva a cabo el Ministro Guzmán del punto de vista procesal, la diferencia es fundamentalmente una. En un caso no se logró establecer responsabilidades penales procesales, pero el proceso de Juan Guzmán sí estableció la participación y se logró procesar a personas como responsables, al menos de los secuestros, o sea, de los detenidos desaparecidos: el General Forrestier, estaba procesado el Auditor Militar Mario Acuña que estaba preso acá y falleció, y también está procesado Miguel Aguirre Alvarez, un funcionario de Servicio de Inteligencia militar que participó en estos hechos.

 

Los Vínculos a Pinochet

El abogado Brkovic indica que la conexión entre los hechos de Pisagua y el comandante en jefe Pinochet es tan directa como la que existe entre Pinochet y Arellano Stark.

Se trata de un vínculo institucional. Como el comandante en jefe Pinochet es, por lo tanto el superior jerárquico de Arellano Stark. En ese momento, Arellano Stark es un delegado funcional de Pinochet, es un delegado de justicia. Forrestier es también delegado de justicia de Pinochet en la zona. Del punto de vista jurídico existe una línea clara entre Forrestier y Pinochet. Nosotros pedimos el procesamiento de Pinochet como autor encubridor, inductor, y no fue concedido por el ministro pero pienso reiterar una petición de desafuero de Pinochet una vez que se termina el proceso de declaraciones.

Arellano Stark no ejecutó a nadie en Pisagua. No ejecutó a nadie en Iquique. Arellano Stark era un delegado funcional de Pinochet para proceder a ejecutar personas en aquellos lugares jurisdiccionales territoriales que no estaban cumpliendo con la misión. En el caso de Forrestier, él cumplía en detalle las instrucciones que había recibido. ¿Cual es la conexión entre ambos? La conexión es que ambos pertencieron a un aparatos de "justicia" que se denomina los "comandos de áreas jurisdiccionales." En el fondo, Arellano Stark y Forrestier cumplen criterios de justicia, implementados desde la cúpula del gobierno militar. Lo que nosotros logramos establecer en Pisagua son los criterios de eliminación.

 

La Pauta Pisagua para Matar

Pisagua es como un pequeño laboratorio de todo lo que ocurrió en Chile en esa época, señala el abogado. Por ejemplo, de las personas ejecutadas el 29 de septiembre de 1973, primero eran personas de izquierda, segundo, eran militares o ex militares o eran gente del MIR. Tercero, la excusa es la misma: falsa fuga. Si tu revisas la prensa de ese día, o en los días inmediatamente siguiente, te das cuenta de que se ejecutó gente por falsa fuga.

El primer criterio de la Junta que tu puedes desprender de la investigación que se hizo en Pisagua fue que primero fueron eliminadas aquellas personas consideradas militarmente peligrosas, o sea, la gente del MIR o del PS que eran de doble militancia con el MIR. Y además los militares de la izquierda, o que habían sido militares de la izquierda. El día 10 de octubre se ejecuta a los funcionarios de los servicios públicos, a los jefes de servicio público. Luego se ejecuta a las direcciones de los partidos de izquierda.

Esos criterios se aplicaron prácticamente durante toda la década de los 1970s. Hubo un padrón de ejecución al nivel nacional. Ese fue la pauta: ejecútese a los militarmente peligrosos, ejecútese a los funcionarios de servicio público, ejecútese a la directiva de los partidos de izquierda.

No puede ser casualidad que el día 29 de septiembre, en cuatro, cinco partes de Chile, justo la gente se da por fugarse y todos mueren. O el día 10 de octubre, justo la gente se da por fugarse en Iquique, Antofagasta, en Punta Arenas, en Osorno, y todos mueren. Además no puede ser que justo las ejecuciones ocurren en la misma fecha en todas partes. En Pisagua se ejecutó el 29 de septiembre, se ejecutó el 29 de octubre, se ejecutó el 29 de noviembre- los fines de mes para preparar el informe. Hoy matamos a cuatro. Hoy día matamos a cinco. Así ocurrió al nivel nacional en las partes donde los delegados jurisdiccionales de Pinochet cumplían con sus instrucciones como el aparato judicial de los militares. Pero hubo lugares donde no se cumplía con esas instrucciones y allí fue Arellano Stark con su Caravana de la Muerte.

En Pisagua la forma de implementar esos criterios era por medio de un fiscal militar, quien era un tipo corrupto y criminal, en conjunto con el servicio de inteligencia militar. Decían:

"Tenemos el criterio de eliminar a los militarmente peligrosos. ¿Quiénes son los militarmente peligrosos? Juanito y Pedrito. Con ellos vamos a inventar una falsa fuga. De allá, nos dicen matar a los jefes de servicios públicos. Pero los jefes de servicios públicos no han hecho nada. Bueno, matémoslos y digamos que hubo Consejo de Guerra. Así lo hacían. Después, hay que matar a la dirección del Partido Socialista. Hagamos un Consejo de Guerra y llamamos a un abogado. ¿Y cómo hacemos para que estos tipos confiesen delitos que no han cometido? Torturámolos. En Pisagua se torturaban no para que confesaran sino para que firmaran confesiones en blanco. Eso después fue el gran argumento que tenía el Fiscal frente a un Consejo de Guerra, que su decisión ya estaba tomada con anterioridad.

La mejor prueba de que era todo una farsa es lo que ocurrió con Arellano Stark. La legalidad nunca le importó. Hicieron tabla rasa de todo y si había que ejecutar, se ejecutaba. Si había que hacerles fugar, se fugaban. Y si tenían que cambiar las sentencias de los Consejos de Guerra, se cambiaban.

La psicosis de Pinochet de ver como potenciales enemigos hasta a personas como al abogado del Consejo del Estado porque asesoraba al Intendente, era una cosa demencial. Pero Forrestier cumplía eso. Y yo quiero que se procesa por esos homicidios. No quiero que se vaya libreta con esos homicidios.

En otro ámbito, lo que también se ha hecho en Pisagua es tratar de encontrar los cuerpos que faltan. Se ha hecho por lo menos 6 o 7 investigaciones para tratar de ubicar a cuerpos. No se ha llegado a ningún resultado. La última información que tenemos es que se habría producido en Pisagua en 1980 una remoción de los cuerpos de las 6 personas que nos faltan.

 

El proceso Pisagua en la actualidad

Creo que el ministro Guzmán piensa que el proceso de la Caravana de la Muerte está agotado. Fue el proceso al que abocó el mayor parte de su tiempo. El segundo proceso en término de responsabilidades para él también está terminado, el caso Pisagua. Porque el criterio hasta ahora del ministro fundamentalmente ha sido no procesar a todos que han tenido participación, sino procesar a aquellos que han tenido participación de mando, a aquellos que estaban a cargo, como Forrestier y el Fiscal Militar Acuña. Creo que también ha sido criterio del ministro no afectar a los oficiales de Ejército que estaban en ese lugar en ese momento y les tocó ejecutar los hechos criminales materialmente. Nosotros no compartimos ese criterio. Justamente la parte querellante estamos tratando de establecer la responsabilidad de cada uno de los oficiales que estuvo allí con respecto a los hechos criminales que se cometieron. Nunca hemos perseguido la responsabilidad de algún conscripto, ni nos interesa hacerlo. Pero sí hubo oficiales que tuvieron responsabilidad directa y creemos que eso debe quedar establecido como lo que ocurrió.

El Ministro Guzmán está en este momento con los casos Operación Colombo, Villa Grimaldi, David Silberman, Caravana de la Muerte y Pisagua. En mi particular opinión, todos estos casos con conexos. Si bien son diferentes personas las que ejecutan y se trata de diferentes localidades, hubo una concertación entre los autores. Por lo tanto todos ellos comprenden un solo hecho criminal, un mega crimen que se prolonga en el tiempo desde el golpe de estado hasta por lo menos 1978.

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